El Tribunal Supremo garantiza derechos de familias monoparentales en prestaciones por cuidado de hijos».
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. 710/2024, dictada el 22 de mayo de 2024, constituye un hito significativo en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social. En este fallo, resuelto mediante recurso de casación para la unificación de doctrina (núm. 1918/2022), se aborda el derecho de las familias monoparentales a la prestación por nacimiento y cuidado de hijo.
El caso involucra a Dª Tania, quien, como familia monoparental, solicitó ampliar la prestación inicialmente concedida por el INSS y la TGSS. Tras una serie de procedimientos judiciales, la sentencia de instancia otorgó a la demandante 12 semanas adicionales de prestación. Sin embargo, esta decisión fue parcialmente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que redujo las semanas adicionales a 8.
El Tribunal Supremo, tras analizar la controversia, consideró fundamental determinar si el único progenitor en una familia monoparental puede extender la prestación inicial con las semanas que le hubieran correspondido al otro progenitor ausente. Se confrontaron diversas interpretaciones legales y se examinó la jurisprudencia comparada para resolver la cuestión.
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal estableció que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia era contraria a la ley y al principio de igualdad de trato, fundamentando su argumentación en normativas como el Real Decreto Legislativo 8/2015 y el Real Decreto Ley 6/2019. La sentencia recalca el derecho de la progenitora a recibir la totalidad de las semanas adicionales solicitadas, en concordancia con la protección del interés del menor y los principios de no discriminación.
Este fallo sienta un precedente relevante al clarificar los derechos de las familias monoparentales en materia de seguridad social, promoviendo la igualdad efectiva y la protección integral de los menores. La resolución reafirma el compromiso del ordenamiento jurídico español con los principios constitucionales y los estándares internacionales de protección social, asegurando un marco legal que responda a las necesidades actuales de las estructuras familiares diversas en la sociedad contemporánea.
